Tras un paciente seguimiento y una buena celada fueron detenido el alcalde, cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli (MPCHJ), además de un empresario, con quien habrían tramado un millonario faenón para instalar 10 canchitas deportivas en los distritos de Kelluyo, Zepita y Pomata, con más de S/ 3 millones.
El megaoperativo estuvo a cargo del fiscal anticorrupción de Puno, Willian Otazú Pinto, y un fuerte contingente de la Policía Anticorrupción a cargo de la comandante PNP Carla Durand Díaz, y se asestó justo cuando se iba a desarrollar una Sesión de Consejo Municipal.
ORDEN JUDICIAL
La titular del 4to Juzgado Anticorrupción de Puno, María Candelaria Morales, autorizó una serie de acciones entre ellas el levantamiento del secreto de la comunicaciones (interceptación telefónica), allanamiento y descerraje.
El meollo de la investigación fue la obra «Mejoramiento y ampliación del servicio de la práctica deportiva y/o recreativa en las localidades de manantiales Chiaraqui Chuncarcollo, Chacocollo San Juan, San Juan de Arachi, Tulacollo, Totoroma y Arcomuna del distrito de Kelluyo, Huacani, Huapaca Santiago y Llaquepa, distrito de Pomata; Huañacaya, del distrito de Zepita, provincia de Chucuito», cuyo monto de inversión alcanzó los S/ 3 millones 029 mil 361.
La información que se pudo recabar es que la Licitación Púbica 05-2021-MPCH/SC-1, habría sido direccionada y la buena pro se la entregaron al Consorcio Kelluyo el 4 de marzo del 2022, el gerente municipal, Rolando Paca Rivera y el representante de la empresa, Harol Larico Quispe. Este último también fue detenido.
La Fiscalía Anticorrupción logró acceder a pruebas indiciarias que respaldarían los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, entre otros.
LOS DETENIDOS
La diligencia de detención preliminar se desarrolló desde la mañana en la alcaldía, las gerencias y unidades vinculadas a la obra, que al parecen entraron en contubernio.
Así se detuvo al alcalde de la MPCHJ, Justo Apaza Delgado; al gerente de Infraestructura, Alejandro Serafín Llaza Juanito; al subgrente de Supervisión y Liquidación de Obra, Mauro Cerpa Juárez; y supervisor de Obras, Richar Payehuanca Justo. De la misma forma, se intervino al representante del Consorcio Kelluyo, Harol Larico Quispe, quienes fueron trasladados a la ciudad Puno, para continuar con las diligencias de ley.
RESIDENTE FUGÓ
Trascendió que también se giró orden de detención para el residente de la mencionada obra, Brandon Edwin Ramos Flores, pero este logró darse a la fuga, dado que a pesar de que debería estar diariamente en las obras, este solo asistía una vez por semana pues labora en otros lugares.
NO DECLARARON
Cuando el burgomaestre de Juli, su gente de confianza y el empresario fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Puno, los periodistas les pidieron que se pronuncien, pero ni siquiera alegaron inocencia.
5 DÍAS ENCARCELADOS
Luego de pasar sus exámenes médicos fueron evacuados a las carceletas de la Policía Anticorrupción donde permanecerán por 5 días, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.
‘CHUPONEADOS’
Fuentes confiables dijeron a este medio que la jueza autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones -que se conoce como interceptación telefónica o ‘chuponeo’, a los celulares del alcalde: 980…024 y otro que termina en 815; de Mauro Cerpa: 939…583; y otros.
ALLANAMIENTO
La Fiscalía allanó la alcaldía, incautando los aparatos telefónicos, documentos y otros dispositivos, al igual que en otras gerencias y oficinas.
La tesis fiscal es que el alcalde y funcionarios se habrían coludido con el empresario, para evitar aplicar penalidades e incluso de acuerdo al cumplimiento del contrato, este debería ser resuelto.
OBRA INCONCLUSA
La obra se inició en abril y debió ser entregada el 5 de octubre. Inclusive el supervisor, Payehuanca Justo, pese a las deficiencias elevó informes indicando que «no corresponde aplicar penalidades». Cerpa Juárez otorgó conformidad de pago de manera sucesiva, hasta por los meses que no hubo avances.
En noviembre, el Consorcio Kelluyo presentó su informe indicando la conclusión de la obra, pero no adjuntan cuaderno de obras de las valorizaciones. Los funcionarios detenidos recepcionaron la obra, cuando no fue concluida.
YA LO SEGUÍAN…
Como se recuerda, el alcalde Apaza Delgado fue detenido por la Policía meses atrás por el delito de peculado, tras usar una vivienda del Estado como suya. Este proceso aún se investiga y alcanza a su esposa, quien ayer siguió la miniván de la policía a bordo de un auto rojo.
PRISIÓN PREVENTIVA
La Fiscalía pedirá en los siguientes días la prisión preventiva para los detenidos, alcanzando medios probatorios como las escuchas telefónicas y los millonarios pagos indebidos, entre otros.