El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), José Luis Hancco, informó que el electo gobernador Rohel Sánchez recibirá obras con sobrecostos que fueron aprobadas por las gestiones del exgobernador Élmer Cáceres Llica y de la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Así como otros pasivos en recursos humanos y salud con los que deberá tener cuidado a la hora de recepcionarlos.
Hancco detalló que en muchas obras se aprobó hasta el doble de su presupuesto inicial, pero aún así varios trabajos no están culminados.
Otro pasivo que recepcionará Sánchez son irregularidades cometidas por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Esto por observaciones en licitaciones públicas y la transferencia de 471 mil 576 hectáreas en calidad de usufructo a favor de la empresa minera Zafranal por el periodo de 30 años.
El funcionario indicó que no era posible entregar estos terrenos a terceros mientras no se ejecute el proyecto Majes Siguas II porque existía el riesgo de superposiciones.
«Eso contraviene a la ordenanza 233, que protege el proyecto Majes Siguas II. Mientras no se defina qué terrenos se usará para Majes, no se puede destinar para otros conceptos”, sostuvo.
PERSONAL
Por otro lado, la gestión de Sánchez tendrá que evaluar si corresponden los puestos de trabajo asignados en el último tramo de la gestión de Gutiérrez.
Cabe recordar que hace unas semanas se abrieron 25 plazas vacantes para trabajadores nombrados del régimen 276. Sin embargo, estas plazas no se proporcionaron para personal interno, como corresponde, sino que se asignaron a personas externas. Según el consejero Harberth Zúñiga, esto se hizo para favorecer durante todo el 2023 a personas elegidas a dedo.
Para Hancco, lo peor de esta situación es que algunos nuevos ingresantes no cumplen con los requisitos profesionales que exigen los puestos.
SECTOR SALUD
También en el sector Salud Rohel Sánchez recepcionará otros pasivos que se han venido presentando durante todo el año. Uno de ellos es la realización del concurso de ascenso del personal médico, que fue anulado este año por irregularidades que observó la Contraloría de la República, y la contratación de personal reasignado.
En este último proceso, el personal que llegó de diferentes jurisdicciones no fue contratado en planillas por equivocación administrativa.