El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por flagrancia en contra del expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el Pedido de la Fiscalía de la Nación y otorgó la medida de coerción personal como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado efectuado el último miércoles 7 de diciembre.
Dentro de los argumentos, los representantes del Ministerio Público indicaron que Castillo Terrones ha subvertido el orden constitucional, violando el artículo 134 de la Carta Magna.
«Al disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno excepcional, habría quebrantado flagrantemente el artículo 134 de la Constitución, pretendiendo, de manera ilegal, cambiar el modelo de Estado de Derecho establecido en la Carta Magna del año 1993», indicaron.
PELIGRO DE FUGA
Además, consideraron que existen motivos suficientes para aceptar la medida, debido a que un acta de intervención policial señala que Castillo Terrones pretendía llegar hasta la Embajada de México para posteriormente fugarse del país.
ALEGATOS DE CASTILLO
Durante la audiencia, Castillo Terrones estuvo acompañado por el expremier Aníbal Torres y su abogado defensor, quien alegó que la detención era abusiva, ya que no se consumó la rebelión, por tanto no podía considerarse flagrancia.
El juez desestimó ello y ordenó su conducción a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el que se encuentra también el expresidente Alberto Fujimori.
Estará allí hasta el 13 de diciembre, tiempo en el que la Fiscalía solicite prisión preventiva.
Tras su destitución y posterior detención, y tal como marca la Constitución, ha sido asumido por la que era hasta entonces la vicepresidenta, Dina Boluarte