Tras la emisión de la Ley 31433 el 6 de marzo del 2022, todos los alcaldes y gobernadores regionales están obligados a realizar dos audiencias públicas. Según el Defensor del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, el 80% de autoridades en la región no acatan dicha medida por lo que podrían ser acusados por el Ministerio Público, por el delito de omisión de deberes funcionales.
La Ley 31433 que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las actuales autoridades, desde el presente año, deben realizar dos audiencias públicas, la primera en el mes de mayo, y la segunda en el mes de setiembre.
En ese marco, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, informó que alrededor del 80% de autoridades provinciales y distritales no han cumplido con dicho mandato, entre ellos el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, y los burgomaestres distritales de Desaguadero y Zepita, a quienes se les cursará un oficio reiterando dicha recomendación, de no cumplirlas los actuados serán emitidos al Ministerio Público, para luego ser procesados por el delito de omisión de deberes funcionales.
Otras municipalidades que se encuentran en la misma situación son los distritos de Quiaca y Cuyocuyo.
«De cada visita que realizamos a las municipalidades, de tres dos no cumplen con este mandato, en algunos casos ninguno. Como en la última visita que realizamos a los municipios de Chucuito – Juli, Desaguadero y Zepita, en donde ninguno realizó este proceso de rendición de cuentas», precisó Ticona Huamán.
Cabe resaltar que dicha responsabilidad también recae en los regidores, en aquellos que mediante sesión de Concejo no aprobaron el reglamento necesario o los mecanismos para que la autoridad municipal pueda realizar la rendición de cuentas.
También informó que algunas municipalidades estarían realizando audiencias públicas del año 2021, queriendo sustentarlos como una rendición de cuentas del presente año.
“Estamos advirtiéndoles de manera fraternal de salvar esa situación y tengan que realizar lo que dice la Defensoría. Háganlo por lo que dice la ley, no por lo que dice la Defensoría. La gestión Pública tiene que ser transparente y una forma de transparentar es rendir cuentas”, precisó Jacinto Ticona.