Las personas vinculadas al narcotráfico o actividades ilícitas afines suelen utilizar testaferros para encubrir sus propiedades y se valen de artilugios para ponerlas a salvo. El Juzgado de Extinción de Dominio de Puno, que desde el 2029 funciona en Puno, a cargo del juez Javier Arpasi Pacho, se encarga de desbaratar esos cometidos y otros actos ligados al lavado de activos.
El fin de semana la justicia entregó un inmueble ubicado en la urbanización San José 2da etapa, distrito de San Miguel (San Roman), al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y este de manera inmediata lo transfirió a la Municipalidad Distrital de San Miguel.
El 18 de noviembre de 2000, tras un operativo policial, descubrieron que dicho predio era utilizado como centro de procesamiento de droga por la “Tía Julia” y otros que ya fueron sentenciados en la vía penal, sin embrago sobre el inmueble no se había adoptado una decisión judicial, debido a que los dueños iniciales pretendieron salvar la vivienda de 176 metros cuadrados, transfiriéndola a tres personas sucesivas.
El Juzgado de Extinción de Dominio se hizo cargo de resolver el estado de la propiedad, cuyo juicio tenía dos décadas, determinando que la transacción se hizo de mala fe pues se hizo a sabiendas que el inmueble estaba incautado penalmente desde el año 2000.
“Esas transacciones son nulas de pleno derecho, los compradores ya sabían del gravamen desde 2001”, informó el juez quien dijo que era su primera sentencia consentida. «La ley de extinción de dominio da un claro mensaje a los propietarios que deben ser responsables, deben custodiarlos y hacer que estas no estén inmersas en actos delictivos porque pueden ser incautados a favor del Estado», dijo.
OTROS BIENES
El fin de semana los servidores del Pronabi también recibieron medio centenar de vehículos incautados y muchos de ellos ya están en manos de instituciones públicas.