Tras más de dos horas y media de debate, el juez anticorrupción de Puno, Javier Arpasi Pacho, admitió el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra el gobernador regional, Agustín Luque Chayña, su asesor legal Jhon Martínez Molina y el empresario chino Chen Junkun (prófugo), procesados por el delito de colusión agravada por graves anomalías en la construcción del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, obra que demandó 329 millones de soles de inversión.
La audiencia se debió realizar el lunes 25 de julio a las 08:30 horas pero esta fue postergada para ayer a las 14:30 a pedido de la defensa del gobernador, para recabar mayores elementos y fundamenten su oposición a dicha solicitud.
Lamentablemente, el magistrado no acogió los alegatos del abogado Erick Romaní Portugal, mas sí recogió los fundamentos de la fiscal Elda Loza Guerra, quien informó que todavía faltan diligencias gravitantes que podrían afianzar la colusión, como son determinar el contenido de dos celulares personales y computadoras personales del gobernador, además de pericias que desde junio no las entregan en Lima.
Luque Chayña y Martínez Molina están recluidos en el penal de Yanamayo desde el 8 de noviembre de 2021, cuando se les impuso 9 meses de prisión preventiva porque días antes, el 20 de octubre de ese año se emitió una resolución que anulaba 504 mil soles en penalidades a la empresa china, previa una sinuosa conciliación en la que participó el asesor legal y que a pesar de que el chino no participó en las negociaciones, figura en el acta de tal acuerdo.
9 MESES MÁS
El juez consideró necesario que se amplíe la prisión preventiva debido a un eventual riesgo procesal y dijo que las pesquisas pendientes no serían atribuibles a la Fiscalía.
De los 9 meses de ampliación, dijo que seis meses serían para concluir la investigación preparatoria y otros tres meses para etapas de control de acusación y juicio oral.
RIESGO PROCESAL
La fiscal aseveró que Luque obstruía a la justicia, porque indicó que los retrasos son, por ejemplo, porque este no proporciona las claves para descifrar su contenido que se presume revelarían actos colusorios con la empresa china.
Erick Romaní desmintió lo dicho y se esmeró en vano en alegar que la Fiscalía ya tuvo suficiente tiempo para las diligencias.
El abogado de Martínez Molina citó el Acuerdo Plenario 01-2019 apelando al “plazo razonable” como garantía del debido proceso.
Luque Chayña dijo haber sido respetuoso del proceso y de la intervención de la Fiscalía y recordó que muestra de su colaboración a la justicia entregó dos celulares personales. “Estamos nueve meses… nueva meses esperando… para aclarar porque somos inocentes”, expresó. Martínez Molina también apeló a la justicia.