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Fiscalía requirió que A. Luque siga encarcelado

La defensa de Luque prepara férrea oposición.

La defensa de Luque prepara férrea oposición.

El próximo 7 de agosto se vence el pedido de prisión preventiva -de nueve meses-, contra el gobernador regional, Agustín Luque Chayña y su asesor legal, Jhon Martínez Molina, ambos internados en el Establecimiento Penitenciario Puno (expenal Yanamayo) desde el 8 de noviembre de 2021, acusados de colusión agravada.

El último lunes 25 de julio a las 08:45 debió desarrollarse la audiencia de ampliación del encarcelamiento solicitada por el fiscal anticorrupción, William Otazú Pinto, pero esta ha sido postergada para el 3 de agosto a las 09:00 horas, a pedido del abogado defensor, Erick Romaní Portugal. El pedido de prolongación se debatirá en el despacho del juez anticorrupción, Javier Arpasi Pacho.

Cabe recordar que la medida coercitiva también alcanza al empresario chino Chen Junkun Con, quien se encuentra prófugo desde aquella fecha. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que los tres se habrían coludido para que el Consorcio Hospitalario Manuel Núñez burle penalidades de S/ 504 mil 727, mediante una ilegal conciliación.

El todavía gobernador regional delegó a Martínez Molina para que concilie representando al Gobierno Regional Puno (GRP). El 20 de octubre de 2021, se firmó un polémico acuerdo por el que se anulaba esas penalidades, sin que el chino haya participado en las negociaciones.

Meses después, un peritaje fiscal arrojaría que el perjuicio al Estado supera con creces los S/ 504 mil, y que incluso los funcionarios del GRP debieron aplicar sanciones que duplican ese monto.

REQUERIMIENTO

Otazú Pinto alega que el juez debe conceder su requerimiento, porque durante estos meses no fue posible someter a peritaje digital forense las computadoras, USB y celulares incautados a los procesados. Este trabajo solo se realiza en la sede nacional de la Divincri, en Lima.

La Fiscalía sostiene, además, que aún persiste el peligro de fuga, por cuanto no han sustentado válidamente su arraigo y el riesgo de obstaculización de las investigaciones.

“Hasta el momento no ha entregado el patrón para desbloquear los celulares incautados, y ambos procesados han quebrado diligencias de contraste”, dijo una fuente de esa Fiscalía.

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