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El 60 % de entidades del Estado incumplen ley de transparencia

Representante de Defensoría del Pueblo advierte que infractores podrían ser denunciados.

Representante de Defensoría del Pueblo advierte que infractores podrían ser denunciados.

El 60 % de las instituciones del Estado vulneran la ley de transparencia al no tener actualizados sus portales web pese a contar con suficiente capacidad tecnológica y presupuestal para hacerlo.

“En su mayoría son las municipalidades ubicadas fuera de la ciudad de Tacna”, señaló Edward Vargas Valderrama, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna.

Destacó como ejemplo a la municipalidad de Ilabaya, que después de una publicación detallada de sueldos de sus funcionarios en 2007 “no ha vuelto a transparentar nada”. Explicó que el funcionario que quebranta las disposiciones podría ser merecedor de una denuncia penal por supuesto delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.

El gobierno regional y la municipalidad de Tacna encabezaban hasta diciembre de 2021 la falta de transparencia al no publicar información actualizada, agregó Vargas.

“Del 100 % de documentos que deberían contener sus páginas web, solo llegan al 45 % y 55 % de información”, indicó.

El resto de instituciones no publican lo relacionado a obras, sueldos de su personal y hojas de vida, «lo que evidencia que siguen vulnerando la Ley de Acceso a la Información Pública y pueden ser pasibles de denuncias”.

La segunda infracción más común es la entrega parcializada de información, o simplemente se argumenta causales que no están contempladas en la ley para no entregar la documentación a la población.

“Hay mucha dilación en la entrega de información, y algo gravitante es que piden que se justifique el motivo por el cual se requiere la información, y eso es ilegal”, aseveró el funcionario.

Vargas señaló que la ley exceptúa la entrega de información reservada en temas orden interno, información secreta en el ámbito militar, planes estratégicos y cantidad de soldados y de armas.

Además se restringe la entrega de documentación con información confidencial relacionada con los secretos bancario, tributario, comercial, industrial y de tecnología y datos personales.

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