El comandante general de la IV Brigada de Montaña, general EP Enrique Luis Montalván Huamán, dio una entrevista a Sin Fronteras, acompañado del asesor legal de esta brigada y otros oficiales, a raíz de los sucesos ocurridos el pasado viernes en la prolongación del jirón La Mar en el barrio Zarumilla de la Juliaca.
PELIGROSA TENSIÓN
La disputa de un área considerada por la Municipalidad Provincial de San Román como calle, desató una acción de parte de la comuna que, con maquinaria pesada y personal de Serenazgo se tumbaron columnas, una puerta y parte de estructuras precarias así como dos muros edificados para canchas de frontón. La consigna era abrir la vía hasta el jirón Túpac Amaru.
En medio de las labores, sorpresivamente llegó un contingente de militares que trataron de impedir la diligencia, hubo momentos de tensión que finalmente se desataron en un enfrentamiento entre serenos y soldados en medio de los gritos e insultos de algunos vecinos.
Afortunadamente la sangre no llegó al río y los ánimos caldeados pasaron a la llegada de un fiscal y el retiro de la tropa en medio de los aplausos de los curiosos.
Según el gerente de Desarrollo Urbano de la municipalidad, Eleuterio Quispe Cuadros, se impuso el principio de autoridad conforme a las normas vigentes. Además, señaló que supuestos traficantes habrían invadido los terrenos, que incluso afectaron a un área del cuartel José Inclán del Ejército del Perú.
DICEN SER DUEÑOS
Pero la posición del Ejército es completamente opuesta. El jefe militar y sus oficiales brindaron una entrevista, pero, no nos permitieron grabarla y al ingreso de un salón en la sede militar en Puno, nos pidieron dejar nuestro celular y otros aparatos electrónicos. A pesar de la exhaustiva medida de seguridad, accedimos a entrevistar a los militares.
De inicio el asesor legal de la IV Brigada de Montaña, mayor EP Raúl Loayza, señaló que el terreno en discrepancia es propiedad del Ejército y para ello mostró la Partida Registral N° 02000822, Tomo 10, Foja 65
Propiedad Inmueble donde señala que el terreno tiene un área de 20 mil metros cuadrados. Además precisó que esta zona nunca fue calle y al ser propiedad militar ellos vieron por conveniente concesionar algunas áreas; en la actualidad habrían7 inquilinos que pagan por el alquiler mensual un promedio de 2 mil soles, para ello nos mostraron contratos notariados y fotocopias de recibos y vouchers bancarios.
NIEGAN FESTÍN
Ante las versiones de que la oposición de que esta zona sea una vía pública por temas de intereses económicos de algunos oficiales, ellos negaron el hecho y señalaron que para concesionar un lugar en esta zona, los solicitantes deben pasar por un comité evaluador y esta documentación se envía a Lima, que finalmente toma la decisión, además los que alquilan estos sitios firman un contrato con una cláusula de allanamiento en caso pretendan quedarse más allá del tiempo estipulado.
«Los pagos que hacen lo realizan directamente a una cuenta recaudadora del Ejército y a otra cuenta de detracciones», señaló el asesor legal.
Con ello quisieron desvirtuar que hayan pagos directos a algunos oficiales.
ABIERTO A DIÁLOGO
El general Montalván señaló que la Municipalidad les comunicó en diciembre pasado la apertura de la calle mediante una notificación, pero según dijo, el conducto correcto debió ser a la Jefatura de Patrimonio del Ejército (JEPAE), en Lima; luego devolvieron el oficio y el 8 de febrero se notificó de nuevo, el Ejército apeló este documento y hasta le fecha.
Según dijo, no les han contestado. Además, dijo que se vieron sorprendidos por la acción municipal ya que inclusive habían recibido el 4 de mayo el oficio N° 106-2021-MPSR donde les comunican una solicitud de convenio para construir un nuevo cuartel en otra zona de la ciudad y dejar el actual recinto militar.
«Nosotros estamos abiertos al diálogo y no nos oponemos a que abran una calle, pero debe ser por el conducto regular y legal», expresó. Mientras este tema ya habría sido asumido por el Procurador del Ejército.