Son cerca de mil quinientos cesantes del sector Educación que no reciben sus deudas programadas en planillas continuas desde el mes de enero, y según parece tampoco lo harán en lo que va del año.
Ayer decenas de dirigentes de los cesantes y jubilados de la Ley 20530, que reciben pensiones míseras, se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional Puno (DREP) y la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) para exigir los compromisos acumulados, recibiendo la ingrata noticia de indisponibilidad presupuestal.
En la región Puno son más de 600 que tienen sentencias del Poder Judicial y el GRP venía pagándoles en fracciones, pero solo hasta fines del 2021.
El administrador de la DREP, Cartagena Álvarez, dijo que el sector solo tiene fondos para el pago de pensiones hasta noviembre y que se debe gestionar ante el MEF para el pago de las sentencias judiciales.
La dirigente de los cesantes, Águeda Huanca Churata, culpó a las gestiones anteriores de la DREP que no actualizaron los datos en el Registro AIR, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no incluyó sus pagos en los pliegos presupuestales.
Estos jubilados han cesado antes del 2004 y están dentro de la Ley 20530.