Juliaca. La Contraloría General evidenció un perjuicio económico de S/ 1 740 566 en la Red de Salud San Román y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, como consecuencia de pagos por concepto de productividad a personal de la salud y personal administrativo nombrado, pese a que no se cumplió con las condiciones para la entrega económica anual por el logro de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios.
RESPONSABLES
Las irregularidades se conocieron tras la emisión del informe de Control Específico N° 002-2022-2-0670-SCE, cuyo periodo de evaluación corresponde del 1 de setiembre de 2019 al 31 de enero de 2021, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios y servidores de la entidad.
ELABORARON PLANILLAS
Los involucrados realizaron la disposición, elaboración de planillas, aprobación, autorización y materialización de la entrega económica, otorgando una ventaja patrimonial de libre disposición a favor del personal de la salud inmerso en el Decreto Legislativo N° 1153 y personal administrativo nombrado del Decreto Legislativo N° 276, por un monto de S/ 297 846, pese a no cumplir con las condiciones para dicha entrega económica anual.
Las condiciones están referidas al cumplimiento de un convenio de gestión suscrito por el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional Puno, logro de las metas institucionales mayor o igual a 60% y enviar el Resolución Directoral que apruebe la nómina del personal de la salud beneficiario.
Asimismo, con el fin de no revertir el presupuesto del Año Fiscal 2019 al Tesoro Público, se dispuso la elaboración de planillas de octubre y diciembre de 2019 por un monto de S/ 1 442 720 a favor del mismo personal nombrado, contraviniendo la Ley de Presupuesto del Sector Público, aprobada mediante Ley n.° 30879.
RECOMIENDAN ACCIONES LEGALES
En ese sentido, en el informe en mención la Contraloría recomendó a la Procuraduría Púbica Especializada en Delitos de Corrupción, dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.