La Defensoría del Pueblo envió un documento al Gobierno Regional de Arequipa (GRA)donde alerta de una serie de irregularidades que viene cometiendo la máxima autoridad arequipeña, Kimmerlee Gutiérrez, en desmedro del desarrollo de la región y en contra del código de ética de la función pública.
Esta información también fue remitida a la Contraloría General de la República y al Consejo Regional de Arequipa para que tomen acciones al respecto.
Ángel Manrique, defensor del Pueblo en Arequipa, detalló que entre los casos más graves que se han suscitado en los cuatro meses que lleva de gestión Kimmerlee Gutiérrez se ha observado la permanencia de Christian Nova Palomino en diferentes cargos de confianza, pese a haber cometido un uso excesivo, abusivo e indebido de los recursos del hospital Goyeneche cuando era gerente de Salud.
Cabe recordar que Nova Palomino se hizo operar de manera gratuita a pesar de contar con recursos económicos.
También se cuestiona la continuidad del gerente general del GRA, Jorge Suclla, quien tras tener un proceso de investigación en trámite por haber cobrado doble remuneración del Estado debería ser retirado en el acto y la gobernadora no tendría que esperar hasta que sea inhabilitado en el sector público como sanción.
La Defensoría responsabiliza también a Gutiérrez de la inoperancia de la Comisión de Anticorrupción en Arequipa, donde hasta en dos oportunidades removió al personal que ocupaba la función de secretarios técnicos. Como consecuencia de los cambios, el grupo no está en condiciones de operar.
Otra acción que va en contra de una gestión transparente es el nombramiento de personas sin perfil técnico en cargos públicos, como sucede en Autodema.
Según la Defensoría, la selección se ha dado por un factor amical y familiar, pero no profesional.
Manrique señaló que si la gobernadora no cambia su actuar en los próximos ocho meses que quedan de gestión, su gobierno terminará siendo como el que reemplazó, el cual era manejado por Élmer Cáceres Llica, quien cumple prisión por presuntamente haber liderado una organización criminal que operaba en la entidad regional.