La Asociación por los Derechos de las pPrsonas Privadas de su Libertad y por los Derechos Sociales (Apoder), denunció a varios funcionarios del INPE por la presunta comisión del delito de tortura en agravio de la población penitenciaria de Puno.
La acusación se hizo ante la Fiscalía el 08 de marzo, siendo los acusados el vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, Mauricio Méndez; la gerente general del Instituto Nacional Penitenciario, Lourdes Tapia; el jefe de Tratamiento Nacional, Rubén Ramos; y, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, César Vite.
En la formulación de la denuncia, Apoder pone en manifestación que la restricción de visitas a los internos de los penales de la región Puno, durante la pandemia por la covid-19, que se inició en marzo de 2020, significó una tortura para la población penitenciaria, pues estuvieron sin tener contacto con sus familias por dos años. Indicaron también que, en algunos penales a nivel nacional, permitieron estas vistas; pero que, en Puno solo se habrían dado algunas, presumiendo que habría habido cobros.