La Contraloría General halló un perjuicio económico de S/ 436 320,00 en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, debido a que sus funcionarios pagaron la bonificación extraordinaria covid-19 a 180 trabajadores nombrados y contratados que efectuaban labores administrativas y no les correspondía ya que sus funciones no estaban vinculadas a la ejecución de servicios en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que regulaba las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus.
HICIERON FESTÍN
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°001-2022 que comprende entre el 1 de mayo de 2020 al 28 de febrero de 2021, el pago de este bono de S/ 720.00 estaba destinado a personal de las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos, hospitalización o aquellos que realizaban vigilancia epidemiológica y los trabajadores que desarrollaban visitas domiciliarias a los pacientes que recibían atención ambulatoria de salud; pero, se pagó a trabajadores administrativos que nada tenían que ver con esa labor.
RESPONSABLES
La Contraloría señala responsabilidad administrativa y hasta penal al extitular de la Diresa de ese entonces, Walther Oporto Pérez, además a Jorge Antonio Grajeda Paredes, director ejecutivo de Recursos Humanos; Edwin Nicomedes Salas Portugal, encargado de la Unidad de Remuneraciones y Presupuesto; David Aroni Acero, director ejecutivo de Administración y Yovana Bertha Yucra Yucra en el mismo cargo posteriormente; Ana María Mamani Canqui, directora de la oficina de Contabilidad; Justina Condori Quispe, directora de la oficina de Tesorería; Jaime Pastor Uriarte Velazco, director ejecutivo de Recursos Humanos; y Reynaldo Alcides Flores Acero, director ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto.
Para variar, Oporto Pérez no creía en la segunda ola del covid, y en su gestión murieron muchos puneños entre ellos los padres del gobernador Agustín Luque.
DENUNCIAS
Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento fueron notificados al actual titular de la Diresa, Juan Carlos Mendoza Velásquez mediante el oficio N° 00037-2022, ingresado por mesa de partes el 10 de marzo; además, a la Procuraduría Anticorrupción para el inicio de las acciones legales penales correspondientes.