El 21 de noviembre de 2021 una turba de comuneros causaron destrozos e incendiaron el campamento de la Operación Minera Betaspata, ubicada en el distrito de Yanahuaya, Sandia. Los trabajadores de la minera Argos tuvieron que abandonar la zona ante la asonada que se gestó premeditadamente.
ACCIÓN PREMEDITADA
La comunidad de Saqui Totora, una de las áreas de influencia porque su carretera conecta con esos yacimientos, acusó incumplimiento de compromisos y maltratos a los lugareños. Según información policial, esta fue una treta para desalojarlos y el verdadero objetivo sería apoderarse del lugar para explotar el oro de manera ilegal.
INSPECCIÓN
Fiscalizadores de la Dirección de Energía y Minas (DREM) y el consultor FAG del GRP en temas de conflictos, acudió a la zona para efectuar una diligencia de inspección y reanudar la mesa de diálogo, truncada en dos ocasiones por algunos dirigentes comuneros.
Periodistas de Sin Fronteras y La República acudieron a la zona para aclarar lo que sucede, ya que además de la explotación ilegal se ha denunciado que allí laboran menores de edad y también se dio cuenta de mineros radicales de Apurímac, que habrían organizado los actos vandálicos.
La comunidad fue relegada por el Frente de Defensa de Saqui Totora, encabezada por Leoncio Díaz, y han colocado una tranquera que no permite el paso para que no perturben sus actividades.
Ayer hicieron un alto a la explotación, pero solo dejaron ingresar a los servidores de la DREM y del GRP. Tuvieron temor a que nuestras cámaras mostraran lo que allí ocurría.
«TIERRA DE NADIE»
Cuando el editor de Sin Fronteras intentó dialogar con Leoncio Díaz, este se mostró ofensivo e hizo ademán para arrebatarnos el celular.
Otro de los comuneros, no dudó en decir que no tenían problemas en atacarnos, amparados en una mentada autonomía comunal.
«Ahorita lo apedreamos, le rompemos vidrios y no pasa nada», arguyó Díaz Turpo, mientras una mujer provocaba empellones. Menos mal que no caímos en sus provocaciones.
Cuando se le insistió al abogado de estos, Jhonny Fritz Garcés, que el derecho al tránsito no puede ser coactado por una comunidad, este dijo que así se había determinado.
SIN AUTORIDAD
Cabe mencionar que la renuencia es recurrente, dado que el 2 de marzo, cuando los fiscalizadores de la DREM acudieron a una inspección coordinada, no pudieron pasar porque los comuneros dinamitaron la carretera.
Algunos comuneros que no convienen con la actitud irracional de estos dirigentes, exigen al Ministerio Público, que se constituya a la zona e imponga el Estado de derecho. Otro morador que encontramos en el camino, nos confirmó que sí explotaban el mineral y que no les importaría llegar a una solución con la empresa.
«Han prometido que no dejemos regresar a la empresa, que para Navidad cada familia tendrá su camioneta y mucho dinero, así dicen», contó un comunero de Saqui Totora.