Un juez y tres servidores judiciales se encuentran en la ‘cuerda floja’, luego de que la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), presidida por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, propusiera ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de ellos.
Se trata del magistrado Andrés Carita Quispe y de los trabajadores Leopoldo Sayritupa Ramírez y Jany Esperanza Espinoza Salas.
EL JUEZ
Según informó la OCMA mediante una nota de prensa, el juez Carita Quispe, del Segundo Juzgado Civil de San Román – Juliaca, de la Corte Superior de Justicia de Puno, incurrió en faltas muy graves, actuando en un proceso indebidamente, a sabiendas de estar legalmente impedido.
La OCMA dice acreditar que el magistrado resolvió con inusitada celeridad y sin tener la competencia, una medida cautelar en favor de Víctor Niño de Guzmán, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) – Sede en la ciudad de Juliaca.
NO SE ABSTUVO
La entidad que investigó el caso indicó haber corroborado que el juez en mención no se abstuvo cuando él y su pareja se desempeñaban como docentes en la referida casa de estudios superiores, a la fecha de ocurridos los hechos, con lo cual quedaría acreditado su manifiesta parcialización.
SERVIDORES
Según la OCMA, Leopoldo Sayritupa Ramírez ingresó al Sistema Integrado Judicial (SIJ) datos inexistentes (respecto al nombre del solicitante de la medida cautelar), con la finalidad de que en caso el SIJ asigne el juzgado para tramitar dicho expediente, los datos consignados del solicitante sean posteriormente cambiados.
Ahora, la servidora Espinoza Salas, (asistente administrativo – mesa de partes) por cambiar la información primigenia registrada en el Sistema SIJ, por el servidor Sayritupa Ramírez, en cuanto a los datos del demandante Víctor Niño de Guzmán Pino.
Otro investigado es Percy Larico Huallpa, (secretario judicial del Primer Juzgado Civil de Juliaca), estableció relaciones extraprocesales con un ciudadano por un proceso en contra la UANCV, sobre demanda contencioso administrativa para reconocimiento o restablecimiento del derecho.