La reciente convocatoria para cubrir más de 700 plazas vacantes del ámbito de la región de Salud Puno traerían algunas consecuencias legales debido a que no se ajustarían a las normas.
Según el especialista Rubén Darío Mendoza Ancco, esta convocatoria no está autorizada por la sede central del GRP; por otra parte no tiene aprobación de alguna resolución directoral que sustentara el presupuesto para este personal, lo cual es indispensable según la Ley del Presupuesto Público; además las bases administrativas del concurso público tampoco están aprobadas por una resolución y, finalmente, la conformación de la comisión central de procesos de selección de personal no tendría validez debido a que los que la integran no están designados en cargos de confianza por el gobernador regional; además uno de ellos ha sido personal contratado sin concurso, pero luego nombrado ilegalmente.
Según expresó, debería darse prioridad previamente a un concurso de ascenso y reasignaciones a nivel regional. Al respecto, la consejera regional, Nancy Salluca Huaraya, envió un documento al gobernador encargado señalando estas observaciones.