Gregorio Albarracín. Luego de que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna dictara una medida cautelar ordenando una anotación de demanda de accesión (reconocimiento de edificación de buena fe), integrantes de la Asociación de Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac) cercaron el domingo pasado el terreno de 35 hectáreas del Gobierno Regional de Tacna (GRT) del que fueron desalojados en diciembre de 2019.
Este lunes el dirigente Wilfredo Sosa Arpasi negó una toma del terreno y explicó que están resguardando las construcciones ante la falta de custodia del GRT. Por ello instalaron letreros y banderas en cumplimiento de la medida cautelar, señaló.
La asociación pide S/ 67 millones de reparación por las edificaciones que ejecutó en al zona en 2012 y 2013, para lo cual está pendiente de resolución de una demanda iniciada en abril de 2019. El abogado Diego Zapata Rafael señaló que el Poder Judicial tendrá que determinar si las construcciones fueron de buena fe. Aseguró que el juez les dará la razón y la asociación tendrá derecho a escoger entre que el GRT pague el valor de las edificaciones o la venta del terreno a los socios. Son dos pretensiones que la organización busca.
Sosa no supo explicar sobre la licencia de edificación (que debe ser otorgada por el municipio), pero aseveró que en el expediente de entrega del terreno el GRT les obliga a construir. Zapata añadió que esperan para octubre la sentencia. Sobre el programa de vivienda Suma Uta, anunciado por el GRT, indicó que este lo puede continuar o desistir, pero si el juez ordena la venta, defenderán el terreno. Al respecto se interpuso una denuncia penal por avocamiento indebido contra el gobernador Juan Tonconi Quispe, siete consejeros regionales que aprobaron la declaración de interés de Suma Uta, el director de Vivienda y el jefe de Oeabi, mencionó.