La Defensoría del Pueblo expuso ante las autoridades locales de Tacna la problemática por la exigencia del carné de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso a espacios cerrados de naturaleza pública y privada como consecuencia de vacíos en el decreto supremo emitido al respecto por el Gobierno.
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, señaló que la entidad ha recibido varias denuncias de personas en contra de empresas privadas por poner impedimentos para su acceso a espacios cerrados al no portar el carné que certifica la recepción de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.
“Tras un análisis hemos determinado que por el contexto de la emergencia sanitaria se puede limitar ciertos derechos fundamentales como el de libre tránsito, pero también hay un problema con el decreto supremo, que no establece restricciones en instituciones públicas para atender a los no vacunados. Vamos a elaborar las recomendaciones”, dijo el funcionario.
Señaló como una falla esta situación porque las personas no vacunadas podrían solicitar una constatación policial por no permitirse el ingreso y atención, lo que derivaría en acciones legales.
“Como Defensoría hemos solicitado a nivel nacional que el Colegio Médico inicie procesos en contra de sus miembros que están en contra de la vacuna, fomentando la no vacunación y difundiendo estos mensajes. No tenemos opciones, hay que difundir la vacunación”, indicó Vargas.