La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna confirmó la sentencia del 12 de julio de 2021 que declara infundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) contra el Gobierno Regional de Puno (GRP) y la Municipalidad Provincial de Tarata con el fin de que cesen las acciones contra el proyecto Vilavilani II Fase I.
La resolución 47, del 7 de diciembre, señala que no se discute en el proceso de amparo ni la importancia ni la legalidad de la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola del valle de Tacna Vilavilani II Fase I, meta canal Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca”.
Aclara que se busca evitar los actos de perturbación denunciados por la parte demandante, que solicita expresamente que se ordene al GRP cesar de inmediato las amenazas y se abstenga de realizar cualquier acto que impida o se destine a impedir la ejecución de la obra.
Al respecto, la sala sostiene que el ejercicio del derecho de acción no puede interpretarse como una actitud obstruccionista ni es posible impedir a cualquier ciudadano acudir al órgano jurisdiccional pidiendo tutela, pues se estaría afectando un derecho fundamental.
Menciona que resulta evidente la oposición de Puno contra el proyecto hídrico, ya que interpuso una medida cautelar. Sin embargo, aclara que esta circunstancia no resulta suficiente para, a partir de allí, inferir que el GRP ejecutará acciones ilegales que impidan la ejecución de Vilavilani.
Respecto de los actos de perturbación en el desarrollo del proyecto por parte de pobladores de Tarata y Puno, la sala concluyó que no se identificó a ningún funcionario o servidor del GRP o la municipalidad de Tarata, aunque está en investigación el uso de vehículos.