Alrededor de las 9:00 horas de ayer, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa empezó con la resolución del requerimiento de prisión preventiva de 36 meses en contra del gobernador regional Élmer Cáceres Llica y otros siete investigados por el caso de la presunta organización criminal “Los hijos del cóndor”.
El juez José Málaga Pérez dispuso que los ocho imputados por presuntos actos de corrupción cometidos en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) puedan hablar en su defensa antes de escuchar la decisión de la sala penal.
Defensa final
En su discurso final frente al juez José Málaga, el gobernador Cáceres Llica pidió llevar su proceso en libertad.
Mencionó que su principal interés es demostrar su inocencia. Aseguró que no va huir de la justicia y dejar a su familia.
“Es más, es el momento de demostrar mi inocencia. Porque los ‘machos’ demuestran su inocencia acá, señor juez”, dijo la autoridad regional.
En medio de su exposición, Cáceres negó haber favorecido a algún consejero o a otras personas con el otorgamiento de terrenos.
También negó haber fundado una organización criminal con el fin de obtener un beneficio propio. Argumentó que todos los hechos fueron por causales políticas.
“A mí no me importa el dinero ni los terrenos. Me importa mi imagen política, que el día de hoy está destrozada”, refirió.
Como parte de su defensa, Élmer Cáceres culpó de lo ocurrido a la consejera regional Crhiss Díaz. Dijo sentirse culpable por no haberla denunciado.
Precisó que la representante de la provincia de Camaná pertenece al partido político Arequipa Renace y que habría intereses políticos, al parecer, de su parte.
“Un mea culpa. Reconozco mi gran error. Quizás mi gran error fue no denunciar a la consejera Crhiss Díaz cuando me chantajeaba.
Debo decir que no lo hice por el tema de la gobernabilidad”, añadió el gobernador regional.
Quien también mencionó a la consejera Crhiss Díaz en su defensa fue el ex director ejecutivo de COPASA, Marcelo Córdova Monroy.
Mencionó ante el magistrado que se debería realizar un examen psicológico a la testigo protegida, debido a que habría recibido constantes llamadas de parte de la consejera de Camaná con el interés de saber las situaciones del gobernador regional y sus funcionarios.
“Yo quisiera que le hagan un examen psicológico a la señorita Chriss Díaz. Y ese celular que lo revisen y no entregue un CD”, indicó el exfuncionario de COPASA y Autodema.
Córdova Monroy también negó haber sostenido alguna reunión con el gobernador Élmer Cáceres.
Se quebrantó
La consejera por la provincia de Caylloma, Jeymi Flores Quicaña, no pudo contener algunas lágrimas tras dirigirse al magistrado José Málaga. También solicitó que se le investigue en libertad.
“Me ha chocado a mí, al mencionarse que pertenezco a una organización criminal. Es lo peor, jamás me lo imaginé”, dijo Flores Quicaña.
La consejera regional mencionó su interés de que se investigue el caso a profundidad para que se esclarezca su situación.
Tras escuchar la autodefensa de los ocho imputados, el juez José Málaga inició la lectura de la parte resolutiva del pedido de prisión preventiva. La audiencia se extendió hasta las 20:20 horas, no llegándose a concluir. Se dispuso continuar la sesión a las 9:00 horas de hoy.