Ayer, tras control de identidad dirigida por el juez anticorrupción y de extinción de dominio, Javier Arpasi Pacho, el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, quedó en manos del Ministerio Público para que durante los siete días que dure su detención preliminar se acopien más pruebas y se defina la situación legal, tanto de él como de las otras personas detenidas.
La diligencia tomó contados minutos y en esta se corroboró que los detenidos eran las personas sobre las que pesa la orden de detención preliminar, por delito de concusión en su modalidad de colusión agravada, al concertar el perjuicio económico de S/ 504 727 con la nulidad de penalidades al consorcio chino que construye el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.
Como se sabe, el gobernador fue aprehendido el sábado al promediar las 15:00 horas, en la salida de Puno, con la orden dictada por el mencionado magistrado.
Para eliminar las penalidades, Luque Chayña delegó mediante una resolución, al asesor jurídico, Jhon Martínez Molina, para que represente al GRP en la conciliación con la empresa asiática.
No obstante, para el fiscal William Otazú, esa decisión contraviene decretos y la Constitución, ya que el llamado a participar en estas controversias es el procurador regional, Santiago Molina Lazo, a quien apartaron de esas negociaciones.
Y es que él se apersonó a la conciliadora “Mediar Puno”, indicando que tenía que ser convocado para esos fines, pero no lo consideraron porque Luque ya había designado a su reemplazante.
El 20 de octubre, con el Acta de Acuerdo 087-2021 se anuló la millonaria penalidad. “Ambas partes concuerdan declarar la nulidad de la carta 258-GR-PUNO”. Este documento sería lapidario para sustentar la colusión agravada.
DOCUMENTOS CLAVES
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de Puno, indicaron a este medio que el sábado en la noche, durante el allanamiento a las oficinas del GRP, se encontraron varios documentos claves que afianzarían la concertación.
Se trata de la Resolución Ejecutiva Regional 097-2021-GR-GR-PUNO, fechada el 06 de abril de 2021. Con ella se dejó sin efecto la Directiva 003-2021-GRP que norma el procedimiento para las conciliaciones. La ley confiere al procurador, pero con ella se dio facultades al asesor jurídico para que decida en la sinuosa negociación.
“Este documento prueba que el gobernador vulneró las normas y la facultad del procurador para beneficiar a la empresa china, quizás sabía que él no anularía las penalidades, en cambio el otro sí”, dijo la fuente.
Además de Luque, están detenidos Jhon Martínez Molina y la conciliadora de «Mediar Puno», Paola Larico Bermejo. Están prófugos Hans Larico Apaza y el chino Chen Junkun Con, representante del consorcio chino que se benefició con la nulidad de penalidades de S/ 504 727.