El desarrollo del examen general de admisión 2021-I a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), podría traer también consecuencias legales a sus actuales autoridades, esto debido a la Disposición N° 01-2021 del 17 de setiembre de la Primera Fiscalía de Prevención del delito de Puno a cargo del fiscal Carlos de Amat Espezúa, por violación de medidas sanitarias.
INICIARON PROCEDIMIENTO
Según el documento que fue notificado a la UNA Puno al área de Asesoría Jurídica, recién el 22 de setiembre se dispone iniciar un procedimiento preventivo de oficio «en prevención del delito de violación de medidas sanitarias», esto en relación a la realización del examen general de admisión programado para el sábado y domingo.
El plazo de este procedimiento es por 90 días en contra del rector Paulino Machaca Ari y Reynaldo Paredes Quispe como director general de admisión de la UNA Puno.
Además la Fiscalía requirió para que en un plazo de 72 horas remitan información sobre el acuerdo de Consejo Universitario que aprueba dicho examen; detallen legalmente en qué norma sustentan el desarrollo de esta evaluación presencial; informen bajo qué normas del Ministerio de Salud o del sector Educación realizan el examen, así como otras autorizaciones municipales y de la Diresa.
Finalmente, exhortan al rector, al Consejo Universitario y al director general de admisión a abstenerse de propiciar reuniones y generar aglomeraciones.
FISCAL DA SU VERSIÓN
El fiscal a cargo de este procedimiento, Carlos de Amat Espezúa, señaló que esta disposición se notificó el 20 de setiembre pero la UNA Puno el lunes 27 presentó un escrito solicitando se amplíe el plazo, este vencía ayer pero no habrían alcanzado todos los documentos requeridos.
«La universidad tiene una apreciación errada de que la Fiscalía está queriendo atentar contra el derecho a la educación… estamos en una situación excepcional por la covid… si tú no tienes salud no tienes educación… hasta el día de hoy no han presentado absolutamente nada», precisó.
El fiscal indicó, además, que ellos no tienen la potestad de suspender el examen pero si es que prosiguen con la realización del mismo y no se ha sustentado en qué norma se basan para hacerlo, las actuales autoridades corren el riesgo de ser investigadas al igual que sus antecesores.