Luego de quince meses tras las rejas, estos días Walter Aduviri Calisaya podrá abandonar el en el penal de Yanamayo e irse a su casa, mas no podría retomar el cargo de gobernador regional. Así se desprende tras la lectura de sentencia de la casación leída ayer por la Corte Suprema, que en audiencia virtual, declaró fundada en parte, pero confirmó la sentencia condenatoria interpuesta en primera instancia, por el sonado caso “Aymarazo”, asonada ocurrida en mayo del 2011.
Cabe mencionar que el Juzgado Penal Colegiado de Puno lo condenó a 6 años de prisión efectiva, la que fue reducida a 4 años de pena suspendida. Los jueces supremos ratificaron los 2 millones de soles de reparación.
La Corte Suprema tuvo como ponente al juez supremo César San Martín Castro, ratificó que Aduviri Calisaya es coautor no ejecutivo por el delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de Delitos contra la Paz Pública, en su forma de disturbios, previsto y sancionado en el artículo 315°, primer párrafo, del Código Penal.
PONDERACIÓN
No obstante, para reducir la pena, los altos magistrados aplicaron criterios de ponderación, citando normas de derecho consuetudinario. El Convenio 169 de la OIT precisa que “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”… deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
¿REGRESA AL GRP?
Aduviri, sigue siendo culpable ante la ley, así lo precisó el exdecano del Colegio de Abogados, Fredy Vilca Monteagudo.
El punto más polémico es si el condenado puede regresar a su cargo de gobernador regional de Puno, lo cual es descartado por el letrado, quien expone que ahora, «tenemos sentencia firme o ejecutoriada, no es una sentencia consentida. Aduviri no regresa al cargo mientras se resuelva su vacancia, ahora está suspendido; el procedimiento de suspensión agotó su efecto con esta sentencia de la Corte Suprema y se amplía; sigue suspendido», sostiene.
SUSPENDIDO
Para Aldo Valdivia, abogado defensor del condenado líder aymara, aún persiste la resolución de suspensión del JNE y señaló que la situación no está clara, ya que Aduviri fue suspendido del cargo hasta que se resuelva su situación jurídico penal y esto ya se hizo. «Con esta sentencia se habría resuelto de manera parcial su situación jurídico penal… vamos a remitir el documento al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie si está habilitado o no para poder ejercer las funciones de gobernador regional», aclaró.
Al respecto, Vilca Monteagudo lo descarta. «No hay que hacer consulta al Jurado Nacional de Elecciones, y si lo hacen, el Jurado pedirá información al Poder Judicial y este dirá que está condenado: se acabó. El JNE conocerá el procedimiento de vacancia, eso sí», reiteró.
SOBRE LA PENA…
El experto en derecho electoral, Julio César Vilca, quien ha sido funcionario del JNE, también ve improbable el retorno de Aduviri. Sostiene que el camino en el GRP para Aduviri es para enfrentar la vacancia y señala que existen pronunciamientos análogos que así lo determinan. «La Resolución 0073-2019-JNE en su inciso a) refiere «Para la configuración de la causal de vacancia, lo único que se debe verificar es que se haya dictado una condena consentida o ejecutoriada que esté vigente, que imponga pena privativa de la libertad por delito doloso, sin importar si esta es suspendida o efectiva», aclara.
¿REGRESO DE FACTO?
El abogado Miguel Pino Ponce coincide que la condición de Aduviri es suspendida, más no de vacancia, por lo tanto y debido a las inexactitudes de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, podría reasumir sus funciones hasta que sea vacado.
Explicó que, tal como fue determinado por el Jurado Nacional de Elecciones, la suspensión dura mientras no se haya determinado la situación jurídica, por lo tanto, técnicamente podría regresar a su cargo. «Si lo hace, podría estar hasta mediados del 2021 porque el JNE no se pronunciará de inmediato, además se debe agotar el procedimiento de vacancia, eso dura», especificó y culpó al cuerpo normativo por no clarificar estas situaciones.
Según la estimación del abogado, podría estar incluso hasta el mes de agosto del siguiente año pues el JNE estaría ocupado con las elecciones generales.
REPARACIÓN
Para Pino Ponce, la pena impuesta está supeditada al pago de la reparación, por lo que si Aduviri Calisaya pretende tramitar su retorno al Gobierno Regional Puno (GRP) deberá pagar la millonaria suma, o en su defecto podrían revocar su pena. «Si Aduviri no paga, lo que va a pasar es que van a revocar la condicionalidad de la pena y le imponen pena efectiva. Eso no tiene nada que ver si quiere o no retornar a la región», acotó.
LA ÚLTIMA PALABRA: JNE
En todo caso, todos están de acuerdo en que el JNE tiene la última palabra, lo que implica que, de momento, el sentenciado no podrá regresar a su cargo con todas las de la ley. Para Fredy Vilca, su condición de suspendido incluso se extiende hasta que el organismo electoral diga lo contrario.
VACANCIA PROCEDE
Lo que sí está claro es que, por su condición de sentenciado y con su decisión consentida y ejecutoriada, el suspendido en su cargo, puede y debe ser vacado por el consejo regional pues eso está expresamente indicado por la ley que regula a los gobiernos regionales.
SOBRE LA SENTENCIA
Aldo Valdivia espera tener en mano la sentencia de la Corte Suprema en su totalidad pues, la lectura dada ayer solo se limitó a los extremos principales.
Dijo que evaluarán las posibles acciones legales y que aún no consideran que la sentencia de Walter Aduviri es consentida y ejecutoriada.
Según indicó, la Corte Suprema se apoyó en el Convenio 169 de la OIT y no en el argumento planteado por la defensa el cual se basa en la mala aplicación de la coautoría no ejecutiva en ese caso.
En otras palabras, la Corte Suprema solamente rebajó la condena del imputado por su condición de originario y no por una mala aplicación de conceptos de derecho penal. Al menos eso pudo percibir.
ADUVIRI LIBRE
Para que se efectivice la liberación de Aduviri, la Corte Suprema debe enviar un oficio al Instituto Nacional Penitenciario para comunicar su decisión, sin necesidad de que se pase por la Corte de Puno para este trámite.
De acuerdo a especialistas, la libertad del aún preso debe concretarse en un plazo máximo de 10 días para que pueda volver a la libertad.
ANTECEDENTES
Es la segunda vez que Aduviri llega hasta esta instancia. Cabe recordar que, en la primera ocasión, la Corte Suprema anuló su proceso penal y lo devolvió a fojas cero; sin embargo el nuevo proceso penal le fue adverso y recibió la pena de cárcel, por lo cual se tuvo que alejar del cargo de gobernador. Su defensa se distrajo en defender temas intrascendentes.