Cercado. Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, dio un ultimátum al gobierno regional para que en las próximas horas presente el plan definitivo de culminación de obras e informe a la ciudadanía cuáles son los servicios para pacientes no covid-19 que viene brindando el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. De lo contrario, el Ministerio Público tomará acciones penales contra los responsables.
La invocación nace tras conocerse el estado inconcluso en el que se encuentran los hospitales que vienen siendo intervenidos por el órgano regional. Es el caso del Honorio Delgado, que fue intervenido en mayo.
Empero, hasta la fecha no hay avances, ya que incluso los trabajos han sido paralizados. Como resultado, los equipos están almacenados en cajas y sin instalarse.
Sin embargo, lo más preocupante es que los equipos que fueron instalados en los espacios inagurados por la autoridad regional, Élmer Cáceres Llica, han sido desinstalados por fallas técnicas.
Por ejemplo, en el área de trauma shock se han desinstalado los respiradores, los cuales son indispensables para tratar a pacientes con covid-19.Lo mismo sucede con las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos.
En tiempos críticos de pandemia habían 28 camas y ahora solo hay diez habilitadas. Situación similar ocurre con los trabajos realizados en los hospitales Pedro P. Díaz y el Geriátrico.
Además de los nosocomios de Camaná, Caravelí y Cotahuasi, que están abandonados.
Por otra parte, el jefe de Defensoría de la región Arequipa también denunció que cada día se están dejando de atender cerca de 600 pacientes que sufren de otras patologías de las áreas de ginecología, pediatría, hemodiálisis, enfermedades crónicas, entre otras, desde que inició la pandemia.
Sin embargo, esto no puecontinuar así, puesto que se pone en riesgo la vida de cientos de pacientes. Por ello pidió de inmediato al gobierno regional que informe sobre los servicios externos que se están brindando, y de no ser el caso, instó a instaurarlos en diferentes establecimientos.
Por último, Manrique señaló que de no obtener una respuesta del gobierno regional, el Ministerio Público procederá a asentar una denuncia penal por atentar contra la salud de la ciudadanía.