Cercado. El 11 de julio se publicó la Resolución Ministerial N° 0383-2020-MTC, que anunció la transferencia de S/ 10 millones 484 mil 494 a las arcas de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para financiar actividades de salubridad en el Sistema Integrado de Transportes.
Sin embargo, la baja ejecución de la partida presupuestal y la contratación de algunos servicios como la aplicación de la prueba rápida de COVID-19 han generado críticas debido a que los montos y cifras expuestas no se ajustarían a la realidad.
Jorge Condori, regidor de la comuna provincial, informó que en la ordenanza señalan que son 4.550 pruebas que se deberían realizar cada quincena. De estas, 2.200 son para conductores; 2.200, cobradores; y 150 para el personal de la Gerencia de Transporte. Sin embargo, en el cronograma a realizar solo figuran 2.450, cifra insuficiente para completar el tamizaje.
A este desfase de cifras se suma que a la fecha no se habría lanzado ningún proceso de contratación para la realización de la desinfección de las unidades, pese a que estas ya circulan con todos sus asientos ocupados y el riesgo a contraer el nuevo coronavirus es mayor entre los pasajeros.
Asimismo, Condori lamentó que la autoridad no haya gestionado bien la repartición de los protectores faciales, puesto que de las 690 mil caretas solo se han repartido un poco más de 40 mil, lo cual pone en evidencia su falta de autoridad y gestión de recursos.
Por su parte, Christian Talavera, exregidor de la municipalidad provincial, denunció que el costo de las pruebas rápidas es excesivo, ya que en una compra de gran cantidad, estas no deberían costar S/ 59, como anunció la comuna, sino que el precio tendría que oscilar entre S/ 40 y S/45. A su vez, replicó que la entidad no está siendo transparente con el número de unidades acreditadas, dado que hasta el 12 de marzo el SIT anunció que habían 704 vehículos y no 2.200 como han considerado ahora para la toma de pruebas rápidas.
Por ello, señaló que enviará una carta notarial a los actuales regidores para que fiscalicen las contrataciones y abran una investigación a los funcionarios implicados en la ejecucción de la partida presupuestal. De lo contrario, estarían cometiendo el delito de omisión de funciones.