Arequipa. La siguiente semana se decidirá la suerte de la iniciativa legislativa que busca una garantía soberana del Gobierno Nacional para destrabar el megaproyecto agroenergético Majes Siguas II, paralizado por casi tres años.
La comisión de Presupuesto del Congreso se reunirá este martes para escuchar la propuesta impulsada por la congresista Rosario Paredes, mientras que el viernes la someterá a votación mediante una sesión extraordinaria.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) plantea que el Ejecutivo sirva de garante para que la empresa Cobra -a cargo de la ejecución del megaproyecto agrícola- pueda solicitar un crédito internacional para ejecutar el cambio tecnológico contemplado en la adenda trece con un costo de US$ 104 millones. Esta implica modificar el sistema de riego de canales abiertos de agua por el de tuberías presurizadas para irrigar las 38 mil 500 hectáreas del proyecto.
Con la propuesta aprobada, Majes II pasaría a costar unos US$ 654 millones. Así, el Estado pondría el 43% (US$ 282 millones) y el 57% (US$ 372 millones) la concesionaria Cobra. Esta asume los US$ 104 millones adicionales y recuperará su inversión con la venta del agua y el derecho de uso de las hidroeléctricas Lluta y Lluclla.
Napoleón Ocsa, gerente ejecutivo de Autodema, explicó que el proyecto legislativo no busca generar un gasto público, sino conseguir una garantía monetaria del Estado.
Pronosticó que de haber un dictamen favorable en la comisión de Presupuesto, el proyecto de ley podría ser aprobado a finales de octubre.
«El siete de octubre ya podría estar entrando al Pleno (del Congreso) y podríamos, de repente, a finales de octubre tener aprobada esta iniciativa legislativa», auguró.
El gerente advirtió, además, que el procedimiento administrativo para iniciar los trabajos en la obra tardaría unos 90 días en el caso de promulgarse la norma.
«Posiblemente los primeros meses del año 2021 podríamos ya estar dando inicio a la primera fase», señaló.
El futuro del ambicioso megaproyecto Majes Siguas II se encuentra ahora en manos del Congreso de la República.