Cercado. Aseguran que quieren cumplir con el pago de sus créditos que tienen en diferentes entidades financieras, pero el estado de emergencia que se ha extendido hasta el 31 de julio los ha dejado sin ingresos y recursos para poder hacerlo.
Ante la presión y las constantes llamadas que reciben, advierten, es que ayer decidieron salir a las calles para exigir el congelamiento por 12 meses de sus préstamos.
“No estamos pidiendo una condonación. Los policías nos han sacado como si fuéramos delincuentes de la plaza España, estamos haciendo una protesta pacífica, haciendo respetar nuestros derechos y mostrando la necesidad de miles de empresarios que estamos en quiebra, y a los bancos no les interesa”, dijo Yurmet Machaca, representante de la Asociación de Deudores Financieros.
Con carteles en manos pidieron la intervención del Estado porque las entidades, incluso, les estarían obligando a firmar contratos en notarías.
Machaca explicó que todos los afiliados son buenos pagadores, pero con la llegada de la pandemia no han podido asumir sus deudas porque la mayoría no ha podido reiniciar actividades. Los usuarios que actualmente mantienen créditos se dedican a diversos rubros como la zapatería, turismo, textilería, transporte, entre otros.
SANCIONADOS
Un grupo de taxistas que también tienen el mismo problema financiero se estaban alistando para apoyar la medida de protesta con una marcha rodante, pero terminaron siendo sancionados. La policía les impuso papeletas por estar mal estacionados en la plaza Umachiri, en Mariano Melgar.
Los transportistas recordaron que fueron obligados a parar por meses y ahora solo pueden trabajar tres días a la semana, y esto, indican, no les permite juntar el suficiente dinero para cubrir la canasta familiar y pagar sus deudas.
PROYECTO DE LEY
Cabe recordar que el congresista José Luis Ancalle presentó un proyecto de ley de reprogramación extraordinaria de pago de créditos para la protección del ahorro y fortalecimiento del sistema financiero por el estado de emergencia nacional.
La propuesta cuenta con los dictámenes favorables de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Economía, Banca y Finanzas del Congreso.
El pasado 12 de agosto, el parlamentario solicitó que se agende y priorice el debate del proyecto de ley en la próxima sesión del pleno.