Cayma. El pasado 1 de julio, el inspector general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Lam Almonte, arribó a la ciudad con personal médico, cuatro ventiladores mecánicos y fármacos para el Hospital de la Sanidad de la región. Ese día, en declaraciones a la prensa, también aseguró que el hospital de la Policía sería exclusivo para pacientes covid-19 y anunció convenios con dos clínicas privadas, pero pasaron 25 días y todo quedó en palabras.
Sucede que la atención en las clínicas debía ser para policías que requieren intervención médica por otros males no asociados a covid-19. Los agentes acuden, pero un enredo burocrático los ahuyenta.
«Acudí a la clínica San Pablo por un problema con mi embarazo, cuando consulté sobre el convenio con la Policía me dijeron que debía solicitar una carta de garantía del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol), solicité dicho documento llamando al número 982683590, me consultaron sobre mi diagnóstico y media hora después me dieron otro número de la central en Lima, 995713211, donde debían otorgarme la carta de garantía. Ellos me dijeron que enviarían un correo con la confirmación de la carta a SaludPol-Arequipa. Volví a llamar y al final me dijeron que para mi diagnóstico no hay un convenio con la clínica y que debía volver a la Sanidad.
Terminé pagando casi mil soles por una consulta cuando se supone que pago un seguro mensual», dijo una policía en estado de gestación.
La historia se repite con los cientos de efectivos que urgen de atención médica distinta a la del coronavirus pero que simplemente son relegados por el colapso del Hospital de la Sanidad, que a la fecha debe de atender a más de mil efectivos contagiados. De ellos, 31 fallecieron esperando atención temprana y oportuna.